El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro, rechazó que la alerta internacional sobre las desapariciones en México responda a un cálculo político y afirmó que el objetivo es impulsar la cooperación para atender a las víctimas y fortalecer las labores de búsqueda.
Albán presentó el martes 20 de octubre de 2026 ante la Asamblea General de Naciones Unidas el informe anual del comité, en el que la situación mexicana ocupó un lugar central. El jurista ecuatoriano sostuvo que México ha tomado algunas medidas, pero enfrenta un problema que requiere recursos, tecnología y conocimientos especializados adicionales.
“No hay cálculo político ni intención de hacer daño”, afirmó Albán al defender la decisión de activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El mecanismo permite llevar ante la Asamblea General una situación cuando existen indicios bien fundados de que las desapariciones se practican de forma generalizada o sistemática.
Una llamada a la cooperación internacional
El presidente del comité explicó que la medida no representa una descalificación de las autoridades mexicanas, sino una convocatoria para movilizar apoyo internacional. Entre las áreas de colaboración mencionó el fortalecimiento de laboratorios genéticos, el uso de drones y la capacitación de personal para realizar búsquedas de campo con mayor seguridad.
“Cuando el problema es muy grande, es mejor contar con aliados”, señaló. También planteó que otros Estados ofrezcan asistencia tecnológica y transferencia de conocimientos, mientras México evalúa la manera de incorporar ese respaldo a sus estrategias de búsqueda, identificación y atención a víctimas.
El alcance del artículo 34
El Comité contra la Desaparición Forzada decidió aplicar por primera vez en su historia el artículo 34 en relación con México, después de analizar información presentada por organizaciones civiles y los datos reunidos durante sus interacciones con el Estado desde 2012.
En su decisión, el comité señaló que existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas cometidas y continuadas en México de manera generalizada o sistemática. La Convención establece que una práctica de esa naturaleza puede constituir un crimen de lesa humanidad conforme al derecho internacional aplicable.
El organismo también ha señalado que, aunque el crimen organizado aparece como uno de los principales perpetradores, en algunos casos habría contado con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de funcionarios públicos, especialmente en el ámbito municipal.
Avances y pendientes en México
Albán reconoció avances como la Ley General en materia de desaparición de personas, la creación de comisiones de búsqueda y atención a víctimas, así como la existencia de fiscalías especializadas. Sin embargo, consideró que esas medidas no han sido suficientes frente al crecimiento de los casos y los altos niveles de impunidad.
De acuerdo con las cifras expuestas por el comité, durante la visita realizada a México en noviembre de 2021 se contabilizaban alrededor de 96 mil personas desaparecidas y 52 mil cuerpos sin identificar. Para el momento en que se tomó la decisión de aplicar el artículo 34, los registros citados por el organismo habían aumentado a casi 136 mil personas desaparecidas y 72 mil cuerpos no identificados.
El presidente del comité sostuvo que el debate internacional debe centrarse en reconocer la dignidad de las víctimas, garantizar su acceso a la justicia y la reparación, y establecer mecanismos conjuntos para prevenir nuevas desapariciones. También advirtió que la problemática rebasa las fronteras mexicanas y presenta patrones similares en otros países de Centroamérica y la región andina.
La discusión podría continuar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se ha planteado la posibilidad de crear un mecanismo extraordinario sobre la situación de las desapariciones en México.