Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, denunció el retiro de un grupo de víctimas de la sala de la Asamblea General de la ONU después de que mostraran fotografías de sus familiares desaparecidos. El incidente ocurrió este martes 20 de octubre de 2026, durante la presentación del informe anual del Comité ante la Tercera Comisión.
Albán calificó el hecho como “profundamente lamentable” y sostuvo que las familias merecían respeto y escucha. También advirtió que la situación de México, remitida a la Asamblea General mediante el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, no debe quedar relegada por cálculos políticos o consideraciones diplomáticas.
El presidente del Comité pidió que se abra una discusión seria, de buena fe y orientada a resultados concretos, tomando en cuenta las demandas de las víctimas y sus familias en materia de verdad, justicia y reparación.
El procedimiento sobre México
El 2 de abril de 2026, el Comité decidió aplicar por primera vez el artículo 34 de la Convención para solicitar que la situación de México fuera presentada ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El mecanismo puede utilizarse cuando existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se cometen de manera generalizada o sistemática en un país.
La decisión abrió la posibilidad de que Naciones Unidas considere medidas de asistencia internacional para fortalecer las tareas de búsqueda, identificación forense e investigación de casos de desaparición, así como la protección de las familias y sus representantes.
El Comité ha señalado que la cooperación internacional debe traducirse en acciones efectivas y no limitarse a compromisos diplomáticos. Entre las necesidades planteadas se encuentran el esclarecimiento de la verdad, el combate a la impunidad y la atención al rezago forense.
Posturas frente a la crisis
El gobierno mexicano rechazó previamente la determinación del Comité al considerar que sus conclusiones no reflejaban las medidas adoptadas por las autoridades para atender las desapariciones.
En contraste, organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado aceptar la cooperación internacional y establecer mecanismos independientes que permitan avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas y en las investigaciones.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez llamó este martes a aprovechar la oportunidad de cooperación con Naciones Unidas y advirtió que persisten problemas como la impunidad, el rezago forense y los riesgos que enfrentan las personas buscadoras.