El Gobierno de México rechazó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La postura fue difundida el 20 de octubre de 2026 por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien retomó la intervención del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla. El funcionario sostuvo que el Estado mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas y defendió las medidas implementadas para atender esta problemática.
Ante representantes internacionales, Medina Padilla señaló que México ha fortalecido la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana. También informó sobre la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales encargado de revisar científicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
De acuerdo con la información presentada por el Gobierno, más de 16 mil personas fueron localizadas durante 2026 mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata y otras acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda. La administración federal indicó que este mecanismo cuenta con un puesto de mando permanente que opera las 24 horas, los siete días de la semana.
El subsecretario reconoció que persisten desafíos y afirmó que las desapariciones son cometidas principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, por autoridades municipales. Asimismo, sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional y que todos los casos deben investigarse y sancionarse.
La delegación mexicana también destacó la cooperación con países como Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá y Países Bajos, además de la colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante la sesión, el Comité contra la Desaparición Forzada reconoció avances relacionados con la localización de personas, pero mantuvo que existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas en México. El Comité ha señalado que el artículo 34 permite llevar una situación de esta naturaleza a la consideración de la Asamblea General.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez cuestionó la posición del Gobierno mexicano y advirtió que concentrar la discusión en las cifras, sin reconocer problemas estructurales como la impunidad y la posible colusión entre autoridades y grupos criminales, puede dificultar la adopción de medidas extraordinarias.
La organización también pidió que las familias de personas desaparecidas participen en cualquier mecanismo internacional de asistencia, con condiciones de independencia, transparencia y acceso efectivo a la justicia. La situación de México permanece bajo consideración de la Asamblea General de la ONU.