Una coalición de 22 fiscales generales de Estados Unidos presentó el 20 de octubre de 2026 un escrito como amigos de la corte ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, en apoyo de una demanda contra los arrestos civiles de inmigrantes sin orden judicial por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los fiscales sostienen que los agentes de inmigración deben contar con causa probable para creer que una persona se encuentra ilegalmente en el país y que existe riesgo de fuga antes de que pueda obtenerse una orden. Según el escrito, esa evaluación individualizada no se realiza de manera habitual.
La intervención ocurre en el caso Escobar-Molina contra el DHS, una demanda colectiva presentada en 2025. La coalición argumenta que los arrestos sin orden y sin una determinación específica sobre el riesgo de fuga han provocado daños a la salud pública, la seguridad, la educación y las economías locales.
Cuestionan las prácticas de los agentes
El documento también cuestiona el uso de pasamontañas, gafas de sol oscuras, ropa de civil y vehículos sin distintivos durante las operaciones. Los fiscales afirman que la negativa de algunos agentes a identificarse ha incrementado el temor y la incertidumbre entre las comunidades afectadas.
William Tong, fiscal general de Connecticut y uno de los funcionarios que respaldan la demanda, afirmó que las acciones de los agentes han sido “hiperagresivas, apresuradas y caóticas” y que han causado muertes y lesiones innecesarias. También sostuvo que el debido proceso debe respetarse en la aplicación de las leyes migratorias.
Los fiscales señalaron que el presidente Donald Trump prometió concentrar las deportaciones en delincuentes violentos, pero acusaron a su administración de realizar arrestos que consideran plagados de errores y sin fundamento. Aseguraron que esas acciones han separado a padres e hijos y han paralizado negocios locales.
Impacto señalado por los estados
Los territorios representados por la coalición albergan en conjunto a más de 30 millones de inmigrantes, quienes representan aproximadamente 19% de la fuerza laboral estadounidense. Los fiscales sostienen que esta población cumple funciones importantes para las economías, las escuelas, los servicios públicos y la vida cívica de sus comunidades.
Por esa razón, argumentan que los estados tienen un interés sustancial en que la aplicación de las leyes federales de inmigración se ajuste a los límites establecidos por el Congreso, preserve la confianza pública y proteja la estabilidad de las comunidades.
La coalición está integrada por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, además del Distrito de Columbia. El caso continuará ante el tribunal federal de apelaciones.