La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el 14 de octubre de 2026 el Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, publicado ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación. La medida obliga a las plataformas digitales que operan en México a limitar la exposición de menores a contenidos violentos o perjudiciales y a documentar sus acciones de cumplimiento en un plazo máximo de 30 días naturales.
El decreto busca modificar la manera en que las empresas diseñan, administran y supervisan sus servicios digitales. Entre sus objetivos se encuentra que la seguridad de niñas, niños y adolescentes se incorpore desde el diseño de las plataformas, en lugar de depender únicamente de reportes posteriores o de reglas internas elaboradas por las compañías.
Qué deberán hacer las plataformas
La disposición establece que las empresas deben impedir el acceso, la exposición o la recomendación algorítmica de contenidos que promuevan o generen riesgos para menores de edad. El listado incluye discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.
- Aplicar mecanismos de verificación de edad.
- Establecer configuraciones de privacidad y seguridad reforzadas para menores.
- Clasificar contenidos conforme a la edad de las personas usuarias.
- Retirar de inmediato cuentas o publicaciones que inciten o generen violencia.
- Incorporar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.
- Facilitar mecanismos para reportar usuarios o contenidos de riesgo.
Seguimiento y plazo de cumplimiento
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento a las acciones implementadas por las empresas. Las plataformas deberán informar y documentar las adecuaciones realizadas dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.
El instrumento tiene carácter obligatorio, pero no contempla sanciones inmediatas. El Gobierno federal ha señalado que, si las empresas no cumplen con las medidas, podría promoverse posteriormente una ley con sanciones para las plataformas.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal también informó que las compañías deberán mantener canales de contacto con las autoridades, preservar evidencia relevante y alertar cuando detecten contenidos que atenten contra la vida.
El debate sobre privacidad y libertad de expresión
La aplicación de estas obligaciones plantea desafíos técnicos y jurídicos. La verificación de edad debe realizarse sin provocar una recopilación excesiva de datos personales, mientras que la moderación de categorías amplias puede generar decisiones equivocadas o el retiro de contenidos legítimos.
También existe preocupación por el riesgo de que las plataformas opten por eliminar publicaciones de manera preventiva para evitar posibles responsabilidades. Por ello, la eficacia del decreto dependerá de que sus reglas se apliquen con definiciones claras, mecanismos de revisión y garantías para la privacidad y la libertad de expresión.
La medida representa un nuevo intento del Estado mexicano por establecer límites a los modelos de operación de las grandes plataformas tecnológicas. Su siguiente etapa será verificar qué cambios implementan las empresas y determinar si esas acciones son suficientes para proteger a niñas, niños y adolescentes en internet.