El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes 20 de octubre de 2026 una reforma para tipificar y sancionar el reclutamiento forzado de personas por parte del crimen organizado. El dictamen obtuvo 419 votos a favor y fue turnado al Senado de la República para su análisis.
La reforma busca atender un vacío jurídico a nivel federal, al establecer un tipo penal específico para quienes capten, induzcan, incorporen o recluten personas con la intención de integrarlas a actividades de la delincuencia organizada.
Engaños, amenazas y violencia
Durante la discusión, legisladoras señalaron que el reclutamiento puede realizarse mediante engaños, falsas ofertas de empleo, amenazas, intimidación, violencia física o moral, coacción y abuso de poder. También se advirtió que las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad pueden ser aprovechadas por los grupos criminales.
La diputada de Morena, Elena Edith Segura Trejo, sostuvo que la falta de una tipificación específica había dificultado identificar, investigar y sancionar esta conducta como un delito autónomo. Añadió que la reforma busca proteger la libertad, la dignidad y los derechos humanos de las personas captadas.
Menores de edad serían considerados víctimas
Durante el debate también se destacó que niñas, niños y adolescentes se encuentran entre las principales víctimas del reclutamiento criminal. La diputada del PT, Lilia Aguilar, afirmó que muchos menores son incorporados mediante engaños o amenazas para participar en actividades ilícitas.
La diputada del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, citó estimaciones según las cuales al menos 30 mil menores de edad participan en México en actividades vinculadas con la delincuencia organizada y entre 150 mil y 250 mil estarían en riesgo de ser reclutados.
Penas previstas en la reforma
El proyecto contempla penas de 10 a 20 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días multa para quien invite, induzca, incorpore o reclute personas con el propósito de integrarlas a un grupo delictivo.
Cuando las víctimas sean menores de 18 años, las sanciones podrían aumentar hasta 30 años de prisión. En esos casos, no sería necesario acreditar el uso de violencia o engaño, y el supuesto consentimiento de la persona menor de edad no excluiría la responsabilidad penal de quien la reclute.
Las penas también podrían incrementarse hasta en 50 por ciento cuando el reclutador sea o haya sido funcionario de corporaciones de seguridad, de las Fuerzas Armadas o del sistema penitenciario, así como cuando las víctimas pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad, como comunidades indígenas, personas afromexicanas, migrantes o personas con discapacidad.
La reforma aún debe ser analizada por el Senado antes de continuar con el proceso legislativo correspondiente.