La Cámara de Diputados aprobó el 20 de octubre de 2026 una reforma para aplazar hasta el 1 de abril de 2031 la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo plazo vigente contemplaba la entrada en vigor gradual a más tardar el 1 de abril de 2027. El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular, y enviado al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.
La propuesta obtuvo 363 votos a favor y 57 en contra en lo general. En la votación en lo particular, el resultado fue de 367 sufragios a favor y 60 en contra, de acuerdo con la información difundida sobre la sesión.
Buscan una transición gradual
Al presentar el proyecto, el diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que la ampliación busca garantizar que la aplicación del Código se realice de manera ordenada y eficiente, en beneficio de las personas que acuden a los tribunales.
El Código Nacional, publicado en 2023, establece reglas comunes para los procedimientos civiles y familiares en las 32 entidades federativas. La reforma pretende dar más tiempo para completar la armonización normativa, fortalecer la capacitación del personal judicial y adecuar la infraestructura necesaria para los juicios orales.
Moreno sostuvo que la ampliación permitiría que juezas, jueces y personal judicial conozcan los nuevos procedimientos, unifiquen criterios y cuenten con mejores condiciones para ofrecer una atención más ágil. También señaló la necesidad de habilitar salas de audiencia y reforzar las herramientas tecnológicas para que las partes puedan ser escuchadas en condiciones de igualdad.
Debate entre los grupos parlamentarios
La propuesta fue respaldada por Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y PAN durante la votación general. Sin embargo, el PRI se pronunció en contra del aplazamiento y cuestionó que retrasar la aplicación del nuevo modelo pueda afectar el acceso a la justicia.
El diputado priista Emilio Suárez Licona sostuvo que su bancada no podía acompañar un dictamen que, desde su perspectiva, retrasa la justicia. El debate también incluyó señalamientos sobre la disponibilidad de recursos para concretar la capacitación, la modernización tecnológica y la adecuación de los órganos jurisdiccionales.
La decisión queda en manos del Senado
Con la aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto fue turnado al Senado de la República, donde deberá ser discutido y votado. Hasta que concluya ese proceso, el aplazamiento hasta 2031 no tendrá efectos definitivos.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca homologar los procedimientos en todo el país y avanzar hacia un sistema con mayor oralidad, herramientas digitales y reglas comunes para la atención de asuntos civiles y familiares.