La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que el convenio firmado con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para implementar la Firma Electrónica Avanzada, conocida como e.firma, no permite el acceso del organismo fiscal a quejas, expedientes, investigaciones o bases de datos de las personas usuarias.
El acuerdo fue suscrito el 30 de septiembre de 2026 con el objetivo de fortalecer la autenticidad, integridad, validez jurídica y seguridad de los documentos electrónicos generados por la CNDH. De acuerdo con la Comisión, su alcance es tecnológico y administrativo, sin transferir facultades sustantivas al SAT.
La e.firma no será requisito para presentar quejas
La CNDH precisó que las personas podrán continuar presentando quejas y accediendo a los servicios de la institución sin contar con e.firma, Registro Federal de Contribuyentes u otro requisito derivado del convenio.
Asimismo, indicó que el Sistema Integral de Quejas seguirá operando sin exigir firma electrónica. La Comisión señaló que la digitalización busca agilizar procedimientos y reducir tiempos y costos, pero no debe convertirse en una barrera para la defensa de los derechos humanos.
CNDH mantiene control sobre la información
El organismo sostuvo que la información bajo su resguardo continuará siendo administrada exclusivamente por la CNDH y protegida conforme a la legislación aplicable en materia de datos personales y seguridad de la información.
También negó que el convenio implique subordinación institucional, cesión de facultades o intervención del SAT en la investigación de quejas, la emisión de recomendaciones, la atención a víctimas o la sustanciación de expedientes.
Objetivo del convenio
El SAT y la CNDH presentaron la e.firma como una herramienta para simplificar trámites y dar certeza jurídica a los actos administrativos. La medida permitirá validar documentos electrónicos y agilizar procesos internos del organismo autónomo.
La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, señaló que la reducción de trámites y requisitos puede facilitar el acceso oportuno de la ciudadanía a la protección de sus derechos. La Comisión reiteró que la implementación de la firma electrónica no modifica sus mecanismos de atención ni su autonomía constitucional.